Código Político. Derechos Humanos

Juan José Arreola

Si es mentira, habría que indagar la capacidad que tiene quien diseñó todo el embrollo de acusaciones vertidas contra el presidente, la visitadora general y la visitadora adjunta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Por lo menos, me atrevo a decir, sería un caso para ser evaluado por expertos en comportamiento humano y dilucidar el por qué de tantas artimañas.

Contrariamente, si son hechos que se pueden comprobar y, en consecuencia, existieron, estamos también frente a un caso extraordinario de abuso y violación de los derechos humanos.

Queda claro, por eso, que en torno al conflicto que recién estalló al seno de la referida comisión, más allá de chismes, filtraciones o complots, lo fundamental es que se indaguen las cosas, se recauden pruebas y, en caso de que haya evidencia que demuestre una u otra opción, se proceda a castigar a los responsables de los sucesos.

*Versión y visión

Viene a colación la referencia, toda vez que el jueves de la anterior semana, el ex visitador general de la CEDH, Salvador Alberto Sosa Ocampo, solicitó a la Entidad Superior de Fiscalización (ESF), inicie un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del presidente de dicha instancia, Adolfo Ortega Osorio.

La petición, entregada al mediodía de este jueves en la Oficialía de Partes del referido organismo, consigna que el defensor de los derechos humanos en la entidad, la Visitadora General y la Visitadora Adjunta, han incurrido en diversas irregularidades.

En el escrito entregado, Sosa Ocampo menciona entre otras probables irregularidades, la de nepotismo, desvío de recursos públicos, inadecuada organización e incluso de trato indigno a los visitadores.

Alberto Sosa, quien fue despedido apenas el pasado 14 de septiembre de su puesto de trabajo en la CEDH, aseguró que a consecuencia del abuso del cargo por parte de los mencionados y “en franca incongruencia a la propia finalidad de la institución, se ha establecido un clima de corrupción, maltrato laboral (e) ineficiente prestación del servicio público”.

Como consecuencia de esta situación, dijo, se adolece de una correcta defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las personas que radican o transitan en el estado.

*”Aviadores”, maltratos y nepotismo

En el documento entregado a la ESF, se asegura que hay personas que cobran salario en la CEDH pero que no laboran ahí, como es el caso de Mariana Gutiérrez Ortiz, con un sueldo de 19 mil 529 pesos y quien tiene el cargo de Coordinador de Eventos Culturales y Promoción.

En la nómina de proveedores de pago frecuente está registrada Luz María Ortega Zarazúa, quien es tía del Ombudsman y que recibe, en promedio, 2 mil 142 pesos al mes.

Alberto Sosa Ocampo sostiene en su escrito que hay más proveedores frecuentes, como es el caso de Héctor Jaime Feregrino Mendoza, propietario de una taquería y quien percibe 20 mil pesos al mes.

También sostiene que mediante envío de memorándums, se les ha prohibido reunirse al interior de las instalaciones de la CEDH, al igual que ingresar a otras oficinas.

Narra el caso del maltrato sufrido por Emma Lambarri Malo, quien “prácticamente fue lanzada de su oficina, sus cosas personales, escritorio y mobiliario fue sacado al patio”.

Consigna el caso sucedido al encargado de la limpieza de las oficinas de la comisión, Diego Armando González Pérez, quien fue maltratado de palabra y acción por elementos de la Dirección de Investigación del Delito, al interior de la comisión, por el hecho de ser considerado como responsable de la comisión de un delito.

Otro caso más, el del despido de la asistente del área de psicología, Paloma Moreno Cevallos, “por el hecho de estar embarazada”.

*No seguiré el jueguito

El presidente de la CEDH, Adolfo Ortega Osorio, negó las acusaciones y dijo que todo era una venganza en su contra por lo que aseguró que no tomará en cuenta sus dichos.

“Yo creo que no voy a entrar al jueguito de alguien que fue despedido por diversas quejas por parte de la ciudadanía, por la atención, el servicio e inclusive por la integración de las investigaciones, lo que para nosotros es muy importante”, sostuvo.

Calificó de “conflictivo” a Salvador Alberto Sosa, al grado tal de argumentar que fue despedido de su empleo porque tenía cuatro reportes de queja de parte de usuarios.

Incluso, dijo que el referido formaba parte de un grupo que montó un despacho jurídico que operaba en las tardes, “para litigar algunos asuntos que se derivaban de las quejas que se recibían en la mañana y desde luego, cobrar. Es algo que no podemos tolerar”.

Por lo mismo, consideró que todas las acusaciones en su contra, hechas públicas por el ex visitador, forman parte de un intento por tratar de desprestigiarlo; “es una serie de mentiras que no tienen ninguna justificación ni ningún argumento”.

Por lo mismo, adelantó que muy probablemente se realice una “limpia” al interior de la CEDH a fin de sancionar a quienes han filtrado al público ese tipo de información.

*Investigar y resolver

El caso, resuélvase por donde se resuelva, será un hito en la historia de Querétaro y quizá de México, pues es la primera ocasión que se acusa a una instancia defensora de los derechos humanos, de violar éstos.

Hoy, la ESF tiene en sus manos un caso fundamental y en el que también tendrá un protagónico papel a desempeñar la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura del estado, presidida por la panista María García Pérez y, por supuesto, el gobierno estatal, encabezado por José Calzada Rovirosa.

La primera, porque habrá de ser el conducto para el Poder Legislativo respalde institucionalmente la resolución y no genere una crisis política. El segundo, porque en caso de existir delito que perseguir habrá de asumir la responsabilidad de proceder legalmente, a través de la Secretaría de la Contraloría.

Ahora si, cualquier falla frente a este importante prueba para la legalidad, la transparencia y la democracia queretana, será innegablemente, un paso atrás.