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Código Político: Discriminación
FOTO: Jacinta |
Por Juan José Arreola A decir de su esposo, Guillermo, y de su hija Estela, Jacinta Francisco Marcial es una indígena otomí que se dedicaba a la venta de frutas en los tianguis de su comunidad. Abruptamente, sin embargo, su vida cambió, pues junto con Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, fue sentencia a 21 años de prisión y a pagar una multa por 91 mil 620 pesos, acusadas por delitos que presumiblemente cometieron el 26 de marzo del 2006 en su comunidad de Santiago Mexquititlán en el municipio de Amealco. |
*Dice la PGR… Según la Procuraduría General de la República (PGR) y de acuerdo a lo asentado en el expediente que dio inicio a la averiguación previa AP/PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006, elementos de la AFI adscritos a la subsede de San Juan del Río se encontraban realizando una investigación sobre la posible venta de narcóticos, además de realizar un operativo contra la “piratería” en Santiago Mexquititlán A raíz de lo anterior, locatarios y tianguistas, molestos por las acciones que realizaban los agentes e incitados por las tres mujeres detenidas, decidieron privar de la libertad a seis elementos de la AFI. Cinco de ellos fueron liberados con el fin de reunir la cantidad de 80 mil pesos solicitada por las sentenciadas para poner en libertad a uno de ellos, acción que ocurrió cuando se les entregó la cantidad de 70 mil pesos. De acuerdo al comunicado a la prensa enviado por la PGR el pasado 25 de febrero, las tres fueron encontradas culpables por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, así como de los delitos de contra servidores públicos y contra la salud, en la modalidad de posesión de cocaína. Sin embargo, el 6 de agosto del 2006, la misma PGR afirmaba que habían sido tres y no seis los AFI que habían sido ‘secuestrados’. El siete de agosto del mismo año, y en otro comunicado enviado a la prensa, la PGR consigna muy claramente que ni Teresa ni Jacinta estaban acusadas de delitos contra la salud; solamente se endilgó ese ilícito a Alberta Alcántara Juan. En el mismo comunicado se afirma que fue la misma Alberta, al ser detenida por los elementos de la AFI “quien comenzó a gritarle a los locatarios que se encontraban en dicho tianguis, incitándolos a que tocaran las campanas de la Iglesia (mismas que se encuentran ubicadas a un costado del tianguis), en respuesta, locatarios del lugar comenzaron a cerrarles el paso a los agentes federales y a los vehículos oficiales que se encontraban estacionados en las inmediaciones del lugar”. Y todavía más. En el mismo escrito de la PGR se narra otro momento de lo sucedido aquel día de marzo de hace tres años. “Momentos después se presentó Alberta Alcántara junto con otra persona del sexo masculino informándole a los agentes federales que si querían salir con vida del pueblo tendrían que pagar la cantidad de $80, 000 (ochenta mil pesos), mencionando que por el momento se podrían retirar para conseguir el dinero dejando en garantía a un agente federal puntualizando que si se daba aviso a otras corporaciones policíacas o se intentaba rescatar al agente se le lincharía”. Y si bien es cierto que más adelante se menciona a Jacinta como una de las incitadoras a la violencia, en los sucesos anteriores nada hay de su presunta participación en ambos delitos. Un elemento más. Dice la misma PGR que “si bien es cierto las personas vinculadas son indígenas, lo es también que hablan y comprenden perfectamente bien el idioma castellano, tal y como se asentó dentro de la declaración preparatoria, lo anterior realizándose en presencia del Juez conocedor de la causa, del Defensor Público Federal, así como del Agente del Ministerio Público de la Federación”.
*La otra versión El 24 de febrero de este año y en la ciudad de México, Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, denunció que Jacinta fue sentenciada injustamente y en su caso persistieron graves desigualdades en el sistema de justicia como la falta de acceso a un traductor y la negación de su derecho a la presunción de inocencia. Criticó, por ejemplo, que los mismos agentes que se asumen como víctimas de secuestro sean los testigos y la parte investigadora en el caso. Vía telefónica desde el penal de San José el Alto en Querétaro, la propia Jacinta aseguró que fue obligada a firmar papeles sin que nadie le explicara el contenido ya que no sabe leer bien en español. Es más, afirmó que han sido sus propias compañeras de celda las que ahora le han enseñado a hablar y leer español. Pidió a las autoridades que revisen su caso ya que fue acusada injustamente de secuestro. Recordó que ese 26 de marzo de 2006 en el mercado de la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro, llegaron seis agentes federales armados y sin identificaciones. Selectivamente tomaban mercancía –presuntamente ilegal– de varios de los puestos y realizaron destrozos. Fue por eso que unos 80 comerciantes los rodearon y fueron los mismos agentes quienes propusieron que uno de sus compañeros se quedaba en garantía mientras ellos irían por dinero para pagar los daños. Luis Arriaga dijo que el caso ya fue presentado por vecinos de Jacinta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para se estudió a fondo. Adelantó que presentarán una queja ante la PGR para que se revise la actuación de los agentes federales Jorge Ernesto Cervantes (se quedó el garantía), Juan Francisco Melo Sánchez, Jorge Evaristo Preda, Luis Eduardo Nache, Antonio Guadalupe Romero y Antonio Bautista.
*Vituperiadas Macedonia Blas Flores, también indígena otomí, también habitante de Santiago Mexquititlán y quienfuera postulada para el Premio Nobel de la Paz, refleja claramente la discriminación que vive. “Nos discriminan. No nos dicen indígenas, sino que nos dicen indias y nosotros no somos unas indias, sino que somos indígenas; esa es la palabra correcta: indígena”. |