Código Político: A investigar

Por Juan José Arreola

En la medida en que el tiempo transcurre, en esa medida van aumentando los elementos de sospecha de que muchas cosas raras -por no decir que irregulares- sucedieron durante el sexenio gubernamental anterior, encabezado por Francisco Garrido Patrón. Justo la semana anterior, dos sucesos armaron este entramado que revivió la percepción de que algo no se hizo bien.

Uno, la difusión de las declaraciones que realizó el ex presidente municipal de Pedro Escobedo, Edgardo Piña Mancilla; y el segundo, la decisión de los diputados de la 56 legislatura, de derogar la absurda reforma mediante la cual modificaron la fecha para rendir los informes gubernamentales.

*Con o sin denuncia

El ex presidente municipal de Pedro Escobedo, el panista Edgardo Piña Mancilla, reveló que por órdenes directas que le giró el entonces gobernador de Querétaro y también miembro del PAN, Francisco Garrido Patrón, se abstuvo de denunciar presuntos actos de corrupción de sus colaboradores, en el ayuntamiento escobedense.

La declaración, en tales términos, no es del todo precisa, pues aún cuando el ex munícipe asegura que fue presionado para no denunciar a dos de sus ex funcionarios -presumiblemente para no dañar la imagen pública del PAN- en la práctica, sí lo hizo.

El actual munícipe, Alonso Landeros Tejeida confirmó que su antecesor, Edgardo Piña es investigado por un desvío de recursos públicos por un monto de aproximadamente 16 millones de pesos, tanto por las autoridades judiciales como por el órgano de control interno del municipio.

Alonso Landeros explicó que el Procurador General de Justicia lo ha mantenido informado sobre lo declarado por el ex munícipe. Incluso, dijo que Edgardo Piña Mancilla se presentó voluntariamente ante la PGJ, un día antes de concluir su administración, con la finalidad de hacer de su conocimiento los ilícitos a los que se refiere en el video.

“Ese día (Edgardo Piña Mancilla) hizo una declaratoria de hechos y la presenta como denuncia, que son los hechos a los que él se refiere en este video; creo que hace una confesión no solamente muy comprometedora, sino que hace una confesión que allana el camino de la averiguación previa que está abierta”, dijo el alcalde.

Si esto es real, el asunto ya no tiene que ver del todo con Edgardo Piña, sino con la PGJ que es la instancia, ahora, que tiene que revelar lo que sucedió.

*Proteger al gobernador

El martes anterior, los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 56 legislatura, aprobaron cambiar el periodo para que el gobernador y los presidentes municipales rindan sus respectivos informes, de febrero -como estaba establecido en la Constitución- a julio.

El acuerdo fue analizado por la tarde de ese mismo día por los integrantes de la Junta de Concertación Política -máximo órgano de gobierno del Poder Legislativo- en la que confluyen representantes de todos los partidos políticos, e instancia que fue el origen de la iniciativa.

Apenas en marzo del 2008, los entonces diputados integrantes de la anterior legislatura (la 55), habían cambiado el periodo de informe en sentido inverso; esto es, de julio a febrero, bajo el argumento oficial de que en el segundo mes de cada año se contaría con información suficiente sobre el año fiscal concluido.

Sin embargo, existe la posibilidad de que fuera el mismo ex mandatario quien solicitó a los diputados el modificar la ley para cambiar la fecha del informe, con la clara visión de ya no rendir el que hubiera sido su sexto y último informe de gobierno.

Por lo menos así lo perciben un par de actuales legisladores que, sin reserva pero con precaución (al solicitar no difundir su nombre, no grabar, no apuntar), coincidieron en asegurar que existen elementos para soportar esa versión.

Si esto es real, entonces podemos suponer que el poder legislativo en el trienio 2007-2010, estuvo sujeto o a disposición del poder ejecutivo lo que, en términos llanos implica la ausencia de autonomía y de democracia.

En la reunión de la comisión de Puntos Constitucionales, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Bernardo Ramírez Cuevas, consideró que no tenía sentido de ser el que el informe del gobernador se rindiera en febrero anteponiendo los presupuestos fiscales o la rendición de cuentas, a una situación política o administrativa.

Puntualmente, pues, no había argumento sólido para haber movido la fecha. Bueno, a menos de que se hubiera querido evitar que en su sexto y último informe, Francisco Garrido enfrentara abucheos o gritos en contra de su administración.

*Lo que sigue

También la semana pasada, la Senadora de la República, María del Socorro García Quiroz, subió a la tribuna parlamentaria para hacer un exhorto a la Secretaría de la Función Pública y a la Entidad Superior de Fiscalización del estado de Querétaro, para que se investigue el posible uso indebido de recursos públicos por parte del ex gobernador, Francisco Garrido Patrón, en la adquisición de bienes inmuebles a su favor.

Más allá de este aspecto en particular que la legisladora federal reclama, lo más relevante para eliminar la especulación es, efectivamente, que se investigue, pero no en particular a Francisco Garrido ni en particular si compró o no bienes inmuebles.

Lo relevante, ahora, es que se investigue con la única finalidad de demostrar que en Querétaro es real la transparencia y la rendición de cuentas.

No hacerlo así, la incertidumbre, la sospecha, la especulación y el desgaste moral, será la única consecuencia para la entidad.

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