Código Político. Nombres

Por Juan José Arreola

Esta autorización establece que la deuda se habrá de pagar “a un plazo de hasta quince años y hasta por dos años más de gracia para el pago del capital”, lo que en la práctica implica que el gobierno municipal de Querétaro quedará endeudado hasta el trienio 2021-2024.

*Evitable

Destaca, por el monto, las condiciones y el destino, la autorización de este monto económico. Sin embargo, sobresale en este proceso, lo difundido por el diputado José Luis Aguilera Rico, desde la tribuna parlamentaria el jueves anterior.

El dictamen, aprobado por unanimidad de los diputados, estipula que el empréstito hasta por 40 millones de pesos se destinará “a cumplir con las obligaciones que tiene el Municipio de Querétaro, mediante la sustitución de acreedores, consolidación, novación, subrogación, renovación o reestructuración de la deuda existente, integrada por los pasivos circulantes no bancarios…”

Apenas votado a favor el referido dictamen de autorización de endeudamiento – o de rescate financiero del principal municipio de la entidad, el legislador José Luis Aguilera Rico, hizo público que en solamente un año, el gobierno municipal antecedente, encabezado por el panista, Manuel González Valle, gastó 335 millones de pesos, sin que hasta el momento se haya informado por qué conceptos fueron.

Consideró que resultaba oportuno investigar “a fondo” el porqué de este endeudamiento, que prácticamente representa la misma cantidad por la que se aprobó que el gobierno capitalino se endeudara.

José Luis Aguilera citó, como ejemplo, el caso de una empresa, cuya razón social es “Impulsora Mexicana del Comercio y Construcción, S.A. de C.V.”, recibió del municipio de Querétaro, un pago por 56 millones 622 mil 795 pesos “en una sola exhibición”, sostuvo.

También mencionó el caso de la empresa “Sisttemex, S.A. de C.V., que cobró, en el mismo lapso de tiempo y en una sola exhibición, 103 millones 126 mil 770 pesos.

No obstante tales casos, el diputado destacó el del despacho denominado “Consultora Bonaire, S.C.”, que cobró por una asesoría en aspectos ambientales, 596 mil pesos, y en “orientación” -rubro del que no se especifica en qué área se brindó- 487 mil pesos más.

El diputado cuestionó, en la tribuna legislativa, el porqué se realizó este gasto en el último año de la administración municipal; porqué se hizo, a quién se le pagó tal cantidad de dinero “que prácticamente es el monto que se ha solicitado para adquirir deuda pública”.

Planteó, por igual, que el crédito autorizado al gobierno municipal, “no es ni para los pobres ni para ejecutar obra pública; el dinero es para rescatar las finanzas municipales. Es un asunto muy delicado”.

*Pequeñeces

Con la salvedad de que aún falta se presenten las pruebas jurídicas contundentes, que sustenten la existencia de irregularidades y, en el menor de los casos, una mala administración, día tras día surgen elementos que abonan este camino.

Baste recordar que la semana pasada, por ejemplo, el responsable del área de ferias y convenciones del municipio, Hugo Burgos, reveló que el Parque Bicentenario le cuesta al erario público 850 mil pesos al mes, simple y sencillamente porque no congrega a la población.

Es decir, se mal planeó.

También la semana anterior, el presidente municipal confirmó la decisión de su administración, de vender el carro-anfibio que se adquirió en el trienio que gobernó el municipio, el también panista, Rolando García Ortiz.

El porque, lo explicó puntualmente el presidente municipal.

“Es un anfibio muy pequeñito que sirve simplemente para pequeños bordos. Si sufriera la capital, que espero que no, de una inundación grave, tuviéramos que ir a una presa grande a un rescate, pondríamos en riesgo a los mismos operadores, se voltean. No sirve el anfibio”.

Sumar también la inoperatividad de varios juegos mecánicos, adquiridos para el Parque Bicentenario y que, simplemente no fueron instalados, hoy están literalmente arrumbados.

A decir -también- de Francisco Domínguez Servién, durante los trienios de gobierno municipal que encabezaron Armando Rivera Castillejos y Manuel González Valle, se contrataron a casi un millar de trabajadores en el municipio de Querétaro, que no tenían una función específica en el organigrama del gobierno.

Dicho en otros términos, fueron contratados sin que hubiera necesidad de ellos. La burocracia creció exorbitantemente, solo por “apoyar” a amistades o recomendados de panistas.

Las indagatorias al respecto -podemos adelantar- han localizado a varios miembros de unas 15 familias, contratados como empleados del municipio lo que, a todas luces, es ilegal.

Las consecuencias de este mal manejo de los recursos económicos del municipio de Querétaro, han dejado dos consecuencias que son graves en sí mismas.

Una, el despido irremediable, de 670 empleados; la otra, un endeudamiento del gobierno municipal que bien podría prolongarse su pago hasta cinco trienios más.

Por estas cuestiones aquí narradas -y otras que aún no han salido a la luz pública- es necesario que la investigación al respecto llegue hasta encontrar a los responsables de esta situación.

No hay vuelta de hoja. Al menos así percibimos esta problemática.