Código Político. Vergonzante herencia

Por Juan José Arreola

Una de las principales quejas que los diputados echan en cara a los periodistas, es que “agarran parejo” y la crítica llueve a todos, independientemente de que unos sean más trabajadores que otros o, en caso contrario, otros son más malandrines que los demás. La historia legislativa queretana, infortunadamente tiene más pasajes negros que positivos.

Recordar, solamente, el enfrentamiento que protagonizaron -en plena ebriedad- el ex legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Felipe Valdez Licea, y el del Partido Acción Nacional (PAN), Apolinar Casillas. La interminable ausencia a sus funciones de legislador, del diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Martín Mendoza Villa; acumuló dos meses sin asistir, argumentado que realizaba trabajo partidista.

Su compañera de partido, Carmen Consolación González, igualmente se fue quince días de vacaciones a Europa, precisamente cuando se debatía públicamente el tema del aborto que -por cierto- ella alentó.

La ausencia casi de un mes, del diputado del blanquiazul, Fernando Urbiola Ledesma, quien vivió todo ese tiempo en Europa con el justificante de haber ido a estudiar.

Y mucho más; los bonos navideños que, año tras año se autoregalan; los más de 80 mil pesos que reciben mes tras mes y que no tienen obligación alguna de comprobar, además del subsidio que privilegiadamente tienen, para pagar sus impuestos.

Por eso -por esta pequeñísima lista de agravios- es que la imagen de los diputados está, si, por los suelos.

*Inaudito

Uno de los más graves asuntos, sin embargo -más allá de sus tropelías y desvergonzadas- no está en la lista anterior: el haber aprobado, sin oposición alguna, las reformas al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales, plagadas de errores.

El Código Penal del Estado de Querétaro tiene “graves” errores, al grado de considerar como delito el que una persona porte dos teléfonos móviles, o calificar como delito no grave, el secuestro.

Fue el asesor de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del congreso del estado, Frank Osorio Hernández, quien en conferencia a la prensa convocada por el diputado local del PRI, Antonio Macías Trejo, Osorio Hernández reveló que, como éste, el actual Código Penal y el Código de Procedimientos Penales acumulan, al menos, 150 errores, los que calificó de alarmantes.

Tantos errores, conjugados con faltas de ortografía y palabras mal empleadas, obligaron a cancelar su vigencia y validar -temporalmente- los códigos que estaban vigentes antes de esta reforma.

Tristemente, sin embargo, no es el único resultado de los diputados de la 55 legislatura que fue necesario echar atrás.

*Ley mordaza

En las mismas condiciones se encuentra la Ley de Acceso a la Información Gubernamental, cuya reforma -también implementada por los diputados de la 55 legislatura- tuvo toda la intención política de reducir a su mínima expresión ese acceso a la información gubernamental.

Absurdamente, por ejemplo, incrementaron el costo de esa información; obligaron a identificarse al solicitante -lo que está en desuso en otras entidades- e impidieron que la información se solicitara vía internet.

A la Comisión Estatal de Acceso a la Información la pretendieron reducir a nada; impusieron un presidente con todas las facultades y “arrumbaron” a los otros tres integrantes al papel de testigos sin voz ni voto.

Con los diputados de la 55 legislatura, Querétaro pasó de ser uno de los principales estados impulsores de la transparencia, a uno de los peores; lo colocaron en el centro mismo de la opacidad.

Todavía hoy, las especulaciones apuntan hacia un acuerdo más que maquiavélico entre los partidos políticos, en aras de protegerse mutuamente y evitar que fueran “balconeados”.

*Explicaciones

De los cambios absurdos aplicados a la ley de acceso a la información, está claro que existe una explicación político-partidista, en las reformas al Código Penal, atrás se encuentra la negligencia legislativa.

Ambos aspectos -negligencia e intereses partidistas- conforman, de manera conjugada, la vergonzante herencia que ellos, los de la 55 legislatura, dejaron a sus sucesores.

Recuerde, solamente, que antes aún de concluir su periodo legislativo, José Luis Sáenz buscaba afanosamente una candidatura a diputado; Jaime Escobedo, asumió la candidatura a presidente municipal de Querétaro; Carmen Consolación González, viajaba por Europa; Roberto Carlos Cabrera peleaba la candidatura del PAN a presidente municipal de San Juan del Río.

Adriana Cortés, del PAN, se postuló a diputada federal mientras que el entonces diputado de Convergencia, Marco Antonio León Hernández, fue enlistado como candidato a regidor.

Son, solamente, ejemplos; no son todos los casos.

*¿Qué hacemos?

El gravísimo problema es que para que podamos cambiar a fondo esta situación, es menester que los legisladores tengan voluntad política para autocontrolarse. Dicho en otros términos, son solamente ellos los únicos que tienen la facultad de aprobar o reprobar enmiendas legales que cambien las condiciones de operación del Poder Legislativo.

Por ejemplo, obligarlos a cumplir su periodo legislativo al cien por ciento, sin posibilidad de dejar el cargo para buscar otro. Quitarles la administración de los miles de pesos que les entregan como prerrogativas y que, más irresponsable, no se les exige comprobar.

Reducir sus salarios, quitarles el pago de seguro médico, automóviles, y teléfonos celulares, pues supondríamos que con su salario les alcanzaría.

A fin de cuentas, la pregunta es ¿de qué privilegio gozan para que tengan licencia de actuar con impunidad?

La reforma legal es una urgencia; seguir sin ella llevará, tarde que temprano a cambiar el comportamiento de los actuales diputados que, vale decirlo, al menos han demostrado que tienen más ganas de trabajar que sus antecesores.

Bien dice el refrán: “La ocasión, hace al ladrón”.